El más discutido y debatido proyecto urbanístico de
Valencia se enfrenta este año a su solución definitiva. La prolongación
de la avenida Blasco Ibáñez y el resto del plan del Cabanyal serán
objeto de negociación en la comisión bilateral entre el Gobierno y la
Generalitat en próximas fechas, con el ayuntamiento como invitado de
excepción, para definir cómo desbloquear una parálisis que se remonta al
24 de enero de 2001, cuando se aprobó un documento que prevé la
demolición de 1.600 viviendas, la ampliación del bulevar y 1.500 pisos
de promoción pública en sus aledaños, además de una larga lista de
equipamientos públicos.
La comisión se reunirá una vez que el Gobierno ha retirado
su recurso en el Tribunal Constitucional en contra de las obras y el
Consell ha hecho lo mismo con el modificado de la declaración de Bien de
Interés Cultural, que avalaba la prolongación de la avenida. Fuentes
conocedoras del proceso confirmaron que ya se dan los primeros pasos,
aunque de momento sin plazos fijados.
El Diario Oficial publicó el pasado jueves el acuerdo del
Constitucional de la extinción del proceso judicial abierto, lo que deja
en primer plano la orden ministerial del 29 de diciembre de 2009, el
conocido decreto de González-Sinde, que declaró el plan como un expolio
de los valores artísticos y patrimoniales del barrio marinero.
Quince años después del encargo del pleno municipal para la
redacción del plan, la situación es que buena parte de las viviendas
afectadas de demolición están vacías y en ruinas, a la espera de conocer
qué hacer con ellas. De las 1.600 susceptibles de ser derribadas,
fuentes municipales aseguraron que alrededor de 800 propiedades están
desocupadas o han desaparecido, convertidas en solares.
La información se actualiza con los datos que llegan de las
ofertas de venta a la oficina del Plan del Cabanyal. El plan
urbanístico abarca más inmuebles (se extiende por una superficie de
678.278 metros cuadrados), pero la zona más degradada coincide con la
prevista para la prolongación de la avenida y el bulevar San Pedro.
El acuerdo del consejo de Ministros del 31 de octubre deja
bien claro que el plan urbanístico debe adaptarse a la orden
ministerial, contraria a la prolongación. Nadie ha explicado todavía
cómo se hará, aunque la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha dicho
siempre que se le ha preguntado la voluntad firme de mantener la
ampliación de la avenida en el futuro acuerdo.
Cuando dio a conocer el acuerdo, el mismo día que se
aprobó, confió en que para diciembre ya se hubiera tomado una decisión,
aunque admitió que en el proceso previo se habían producido «tensiones»
con el Ministerio de Cultura. A día de hoy, todavía no se sabe cuándo se
reunirá por primera vez la comisión.
Ese retraso, que se remonta a lustros, desespera a los
vecinos del Cabanyal, tanto a los partidarios del plan como a los
detractores. Los datos de la oficina del padrón municipal indican que la
población ha mermado en un 20,3% desde 1981 y la razón principal se
encuentra en la paralización de las obras.
Susi Gallart, miembro de la plataforma 'Sí Volem', indicó
que la propia Barberá les llamó por teléfono en octubre: «nos dijo que
en 2014 comenzarían al menos los trámites y que, dentro de la ley, haría
lo que pudiera». La visión de la entidad es pesimista, tanto sobre la
situación del barrio como del propio plan. «Lo tenemos todo perdido y lo
estamos pasando muy mal como no vengan pronto las máquinas».
El ayuntamiento mantiene desde abril de 2010 la suspensión
de licencias de obra salvo algunos supuestos, como las menores, las que
afectan a la conservación de los edificios y las de protección del
patrimonio cultural en inmuebles catalogados, entre otros.
Gallart destacó que los jóvenes «no quieren venir en esta
situación y los mayores se van muriendo, con lo que perdemos cada vez
más vecinos». Subrayó el problema de las ocupaciones ilegales de casas
vacías, principalmente por las malas condiciones en las que viven estas
personas y los vertederos que aumentan en los solares. «Recogen cosas de
los contenedores y lo que no pueden vender lo tiran en cualquier
sitio». Los últimos datos difundidos por el ayuntamiento hablan de 120
inmuebles en esta situación, aunque la cifra fluctúa mucho cuando
aumenta la presión policial.
La dirigente vecinal, miembro de la asociación favorable al
plan, dijo que sigue habiendo una mayoría de residentes partidarios de
la prolongación. «Muchos me preguntan cuándo vienen las máquinas», para
indicar por último en que todavía tiene fe en que «venga la avenida.
De opinión contraria es la portavoz de Salvem el Cabanyal,
Maribel Domenech, quien consideró que la adaptación del plan a la orden
ministerial es una «verdadera oportunidad para el barrio», aunque
lamentó que se ha vuelto a la misma situación que hace cuatro años,
cuando la prolongación fue considerada un expolio a los valores
arquitectónicos de esta parte del Marítimo.
En su opinión no ha habido tanta pérdida de población,
sobre todo teniendo en cuenta el «acoso inmobiliario al que hemos estado
sometidos». Pese a la degradación de muchas fincas y la abundancia de
solares, consideró que «todo es reversible de manera facilísima en unos
pocos años», con una estrategia que pase por la rehabilitación de
inmuebles. «El Cabanyal se puede recuperar», subrayó, para indicar como
ejemplo el parque de viviendas que ya son de propiedad municipal,
compradas para ser derribadas.
«La prolongación no se va a hacer y toca acabar con el
sufrimiento del barrio», consideró. El patrimonio del consistorio debe
servir para «viviendas sociales, el colegio mayor disperso del que se ha
hablado, un instituto de Secundaria y la piscina cubierta que no se
hizo en el puerto, por ejemplo».
Destacó la unión de asociaciones contrarias y favorables al
plan urbanístico en la plataforma 'Units pel Cabanyal', para criticar
la falta de comunicación con el ayuntamiento. «No nos han llamado en un
año», aseguró la dirigente vecinal.
Este movimiento tuvo como respuesta el Plan + del Cabanyal,
una iniciativa policial para coordinar el refuerzo de limpieza,
desalojo de viviendas ocupadas ilegalmente y otras situaciones que
aceleran la degradación de la zona. Domenech dudó de la efectividad e
incluso la puesta en marcha del plan, para insistir en que «los
desalojos sin una atención social no son la solución».
La apuesta del gobierno municipal por el plan es firme. El
24 de octubre, una semana antes del acuerdo del consejo de Ministros, el
consistorio aprobó una serie de modificaciones en el Plan Confianza que
afectaron a 11 proyectos con una suma total de 27 millones de euros.
De esta cantidad el Cabanyal se llevará 17,5 millones, de
los que 12,8 millones irán a parar a iniciativas directamente
relacionadas con la prolongación de Blasco Ibáñez y la apertura del
bulevar San Pedro, así como la compra de más viviendas para su
demolición.
Los proyectos tienen fijadas unas anualidades que acaban
este año, algunas fuentes hablan incluso del mes de abril, mientras que
el concejal de Urbanismo de Valencia, Alfonso Novo se refirió a que
mantendrán su vigencia hasta el 31 de diciembre. Por su parte, fuentes
de la Conselleria de Hacienda indicaron que, en el caso de que no se
cumplan los plazos, se prorrogarían las ayudas al próximo ejercicio.
Fuentes conocedoras del plan indicaron que «con tres o
cuatro promociones de viviendas podría resolverse el tema de los
realojos», para citar como ejemplo los 125 pisos pendientes en un solar
de la avenida Blasco Ibáñez, en la esquina con el bulevar Serrería.
También otra en la calle Carlos Ros y una tercera en la calle Padre Luis
Navarro, que se ofrecerían a los vecinos afectados en la zona de la
prolongación.
Por su parte, el presidente de la asociación de
comerciantes del Cabanyal, Emiliano García, consideró que la prioridad
pasa porque se concedan de nuevo licencias de obras. «Hay personas
interesadas en invertir y vivir en el barrio, aunque no pueden». Esto
supondría un freno decisivo para la pérdida de población en la zona.
Sobre las viviendas de propiedad municipal, lo adecuado
sería «cambiar el objeto social y que la empresa Plan Cabanyal se
dedique a la rehabilitación», al considerar que la adaptación del plan a
la orden ministerial elimina cualquier opción de llevar a cabo la
prolongación.
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