OPINION

El Rey, la infanta, el chambelán y el fiscal 

José María Mena
ex Fiscal Jefe de Catalunya

EL REY. Al duque de Palma pueden quitarle la calle de Palma, pero no el título. El título de nobleza lo da el rey, con carácter graciable, personal y vitalicio, a los componentes de la familia real, en la que se incluyen las infantas y sus consortes mientras lo sean o permanezcan viudos (Real Decreto 1368/87). Y no está previsto en ninguna norma que las Infantas dejen de ser Infantas. El rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad para el mantenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma (artículo 65 de la Constitución). Dirige, manda, nombra y cesa libremente todo, y a todos los funcionarios de la Casa. (Real Decreto 434/88). Al rey, por lo tanto, corresponde el mantenimiento de la parte de la familia real que es la familia Urdangarín. Consecuentemente le corresponde conocer sus necesidades, y su situación económica, sus gastos y sus ingresos, sus ocupaciones y su alojamiento. Y dispone de medios para conocer todo eso. Por eso conocía las andanzas de su yerno.
Cuando las andanzas de Iñaki resultaron enojosas para su majestad, le envió un recado, le tildó de poco ejemplar y le mando a Washington. Las andanzas han resultado ser indiciariamente delictivas. El rey, en el famoso mensaje de navidad, le abandonó a su suerte “igual para todos”. Nadie, ni la Casa real, o sea el rey, ni la fiscalía, ha discutido la corrección de la imputación de Urdangarín, ni, por lo tanto, los hechos en que se basa.

La Infanta Cristina

LA INFANTA Y EL CHAMBELÁN. García Revenga era, y es, secretario de las Infantas, pero prefería titularse, en las andanzas de Urdangarín, como “Vocal Asesor de la Casa de S.M. el Rey”. Así pues, no es excesivo ni desajustado llamarle chambelán, que es tanto como gentilhombre de cámara. Alto funcionario palaciego, ni más ni menos. En los negocios indiciariamente delictivos del duque la Infanta y el chambelán compartían una condición peculiar: la de cooperadores. Ninguno de los dos apareció personalmente jamás en las empresas del duque, ni participó ni intervino en ninguna actividad, reunión o decisión. Simplemente, ambos conocían y consentían, según el juez, que en las cartas de presentación de sus empresas, el duque y su socio exhibieran el rango y títulos de ambos cooperadores, “con la pretensión de aparentar ante empresas privadas e instituciones públicas que todas sus operaciones eran conocidas y gozaban del respaldo de la Casa de S.M. el Rey”.

El chambelán García Revenga

Los que cooperan a la ejecución de un delito con un acto sin el cual no se habría efectuado, son los cooperadores necesarios, que son tan responsables como los autores materiales o directos. Cuando la participación no es imprescindible, son cómplices, y tienen una pena menor. La cooperación de la Infanta y del chambelán puede ser más o menos imprescindible, ya se verá. El juez deja abiertas las dos posibilidades. Pero, por ahora, lo relevante es si sabían que eran delictivos (indiciariamente) los negocios del duque que ellos posibilitaban con su presencia nominal.
El juez, en un ejercicio encomiable de sensatez deductiva, y de transparencia expositiva, va señalando los argumentos de los que deduce que la Infanta y el chambelán tenían que saberlo todo. No son datos objetivos sino inteligentes deducciones. Y, por si con ello no bastara, añade el cañonazo final de los mensajes informáticos generadores de nuevas deducciones, aportados por el amigo traidor. Ya se sabe en la experiencia criminológica que las bandas criminales, como todas las tramas delictivas, suelen hundirse por la mano de un traidor interno.
Al desdichado chambelán le ha pasado, procesalmente, lo mismo que al duque. Le han abandonado a su suerte “igual para todos”. (Aunque no consta que le hayan cesado en el cargo, que es facultad libérrima del rey). Nadie, ni la Casa real, que es el rey, ni la fiscalía, ha discutido la corrección de la imputación de García Revenga, ni por lo tanto, los hechos en que se basa.
Pero cuando la imputación se dirige contra la Infanta saltan las alarmas. La Casa real, que es el rey, se permite opinar negativamente sobre el pretendido cambio de criterio del juez, y alabar a la fiscalía por su imparcialidad, que es una forma poco sutil de referirse al juez como parcial. Nunca debió hacerlo. No sólo porque una institución no tiene derecho a pronunciarse sobre un Poder del Estado, sino porque es lo que le faltaba al titular de esa institución para poner de manifiesto sus resabios de ancien régime. Además, es casi razonable su pérdida de la ecuanimidad, si se considera que no es difícil suponer, al ciudadano medio, que si se afirma que la Infanta sabía la dimensión indiciariamente delictiva de los negocios que el duque arropaba con el manto real, también lo sabría el dueño del manto. Y una cosa es que este sea constitucionalmente inviolable, y otra es que también hay una libertad de expresión que debería ser inviolable…

EL FISCAL. La fiscalía anticorrupción de Palma siempre ha sido considerada como ejemplar, eficaz, valiente, íntegra. No es posible pasar, de un día para otro, de la exaltación a la satanización. En este momento no se sabe si ha habido una orden superior, mandando recurrir la inculpación de la Infanta, pese a que no se había recurrido la del chambelán. Y, en este momento, tampoco se sabe si, en el caso de que hubiera existido la tal orden, el fiscal de Palma ha hecho uso del derecho que le da la ley a plantear su objeción de conciencia, exigiendo al Fiscal General la orden por escrito, en salvaguardia de su prestigio y honorabilidad.
Si la posición del fiscal es propia de su libre y personal criterio profesional, tan sólo cabe mostrar una respetuosa discrepancia. En efecto, el juez sólo dispone deducciones inteligentes más que da datos objetivos, y no será él, sino el fiscal, quien tendrá que pelear en el juicio oral frente a defensores que saben la debilidad de las pruebas objetivas. Si el fiscal no se considera bien armado de pruebas acusatorias, es razonable que sea cauto en la preparación del juicio. Pero en este momento todavía no se está juzgando a nadie, sino analizando si hay elementos indiciarios para afirmar que ella sabía que el duque hacía negocios ilícitos que no podría hacer si no fuera sirviéndose de ella, de su nombre y de su padre. Y parece que es razonable deducir que los hay. Sorprende el exceso de cautela del fiscal, y se lamenta.
En otro caso, si estamos ante una orden superior, que si la hubo se sabrá, habrá que hablar alto y claro sobre el Ministerio Fiscal, sobre la insoportable pervivencia del ancien régime, sobre los tiempos del general Primo de Rivera, sobre Franco y sus acólitos y herederos, y sobre la desdichada función del nuevo chambelán en los tribunales.

OPINION

blog "la lamentable"

Antología de sandeces políticas (19)


Ángel Sánchez de la Fuente
Periodista 
                          

Desde que el pasado 25 de febrero María Dolores de Cospedal pretendió públicamente justificar la pasta gansa que su partido le pagó al extesorero Luis Bárcenas  –el famoso día de la “indemnización en diferido”–, en determinados círculos periodísticos se ha acuñado un nuevo vocablo para definir la sandez, la necedad, la simpleza, el despropósito, etcétera. Ni más ni menos que cospedalia. Cualquiera que sea el juicio final que merezca la gestión política de esta polémica dama (secretaria general del PP y presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por el momento) lo que ya nadie podrá arrebatarle es el honor de haber contribuido al enriquecimiento del lenguaje.

Finiquito “en forma de simulación”
Para que quede constancia en la presente antología de sandeces recogeremos las frases de Cospedal que han supuesto la elevación del listón de la cháchara vacía de contenido hasta extremos difíciles de imaginar. Cuando los periodistas especializados en el caso Bárcenas acudieron a la rueda de prensa que convocó Cospedal para explicar la relación del PP con su extesorero, ya hacía un mes que el tema era portada de todos los periódicos españoles y extranjeros. O sea, Cospedal había tenido tiempo suficiente para pergeñar una explicación menos cutre. Ella, siempre segura de sí misma y un punto desafiante con la prensa menos simpática, se mostró ese día vacilante, descolocada y fuera de sitio. Quizá sabedora –como abogada del Estado en excedencia que es– de que si Bárcenas fue despedido en abril de 2010 y por tanto no trabajaba ya para el PP, el partido nunca debió pagarle la Seguridad Social. Haciendo de tripas corazón, farfulló el conocido párrafo: “La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación; simulación de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución… Aquí se quiso hacer como hay que hacerlo, es decir, con la retención a la Seguridad Social.”
Probablemente nadie que no fuera Groucho Marx habría expresado, con un tono solemne digno de mejor causa, esa catarata de conceptos surrealistas. Como el ridículo fue sideral, días después, la plana mayor del PP, con su presidente a la cabeza, protagonizó un acto de desagravio hacia la número dos. Fue cuando Mariano Rajoy puso cara de Buster Keaton para sentenciar: “María Dolores de Cospedal ennoblece la vocación de servicio público.” Visto lo visto, quizá sí se necesita vocación de servicio público para interpretar semejante papelón.

Marta García de la Calzada.
Foto: H. Fraile

Curiosamente ha sido también en el ámbito territorial de Cospedal en donde se ha producido últimamente el intento de disfrazar la realidad semántica de palabras motejadas de peligrosas. En la Consejería de Vivienda del Gobierno de Castilla-La Mancha que preside la muy citada Cospedal, se ha ordenado “evitar la deriva social” de hechos tan traumáticos como el desahucio. Pero no es que se inste a impedir la medida de fuerza, sino a emplear el vocablo. El director general de la Vivienda, Isidro Javier Zapata Romero, pidió a las delegaciones provinciales que se omitiera toda referencia: “Es necesario que evitemos la utilización de palabras como desahucio, desalojo, pérdida o privación de vivienda…” Así las cosas, si un vecino de Talavera de la Reina (Toledo), por ejemplo, está a punto de sufrir el desalojo de su propio domicilio, la cosa está clara en el lenguaje oficial castellanomanchego: “El impago producirá los efectos previstos en la normativa.”
Como la vida es complicada de por sí, una cosa es predicar y otra dar trigo. Mientras el director general de la Vivienda actuaba como acabamos de comentar, su consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, no tenía inconveniente en manifestar: “El Gobierno de Castilla-La Mancha no ha desahuciado ni va a desahuciar a nadie que no pueda pagar las cuotas.” ¿No quedamos en que se había de “evitar la deriva social” de la palabra desahucio?

Foto: Pablo Monge

Las cospedalias, no obstante, no son patrimonio de doña María Dolores. Basta echar la vista atrás, al principio del Gobierno de Rajoy, para asistir a un ejemplo claro de enmascaramiento semántico. Y de los que afectan muy negativamente a nuestros bolsillos por tratarse de impuestos. Fue Rajoy quien en el debate de su investidura advirtió: “Dadas las dificultades que atraviesan empresas y ciudadanos, subir impuestos no es lo más razonable.” Tan solo dos semanas después, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría dio cuenta de lo que había decidido el Consejo de Ministros: “Se establece un recargo complementario temporal de solidaridad en las rentas de trabajo, en el IRPF, de forma progresiva.” El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que estaba a su lado, concretó la temporalidad en los años 2012 y 2013, subrayó lo de progresivo, destacó “el carácter equitativo”, pero no mencionó la solidaridad. A cada uno lo suyo. Fue la angelical Soraya la que calificó de solidaria la subida de impuestos que Rajoy no consideraba razonable. En una palabra, a los paganos de siempre se nos decreta solidarizarnos con los bancos y con los recortes sociales a base de pagar más de lo que ya pagábamos. Y luego se quejan de los escraches.

“A mí me cuentan lo gordo” (Fernández Ordóñez)

Todavía tiene que estar perplejo el juez Fernando Andreu después de escuchar la declaración del exgobernador del Banco de España Miguel Àngel Fernández Ordóñez (conocido como MAFO) acerca de la crisis de Bankia. “El trabajo de un gobernador –dijo—llega mucho más allá de saber el mínimo incidente que pasa en todas las cajas. A mí me cuentan, digamos, lo gordo.” Resulta sarcástico, cuando menos, que abordándose el gravísimo problema de Cajamadrid, la valenciana Bancaja y el ente unificador Bankia, el entonces gobernador Fernández Ordóñez dijese que a él nada más le informaban de lo “gordo” y que si querían saber más preguntasen al subgobernador. Por si hubiese quedado alguna duda, el perspicaz MAFO se dio a la metáfora automovilística de esta guisa: “Lo que no puede impedir el Banco de España es que se hagan mal las cosas. Ni el Banco de España ni nadie [...] Por mucho que haga uno, el que lleva el volante se sale y se estrella.” ¡Bravo, exgobernador, por esa regla de tres sobra el mismísimo Código de Circulación!

Un “golfo” de más y un acosador menos (Óscar López)

Curioso contraste el ofrecido por el secretario de Organización del PSOE, Óscar López, en dos cuestiones delicadas a las que se ha enfrentado su partido. En enero, saltó el escándalo de la falsa colaboradora de la Fundación Ideas, dependiente del PSOE, que acabó por descubrirse que era la mujer del director de la publicación la que firmaba los artículos –pagados y bien pagados—con el seudónimo de Amy Martin. Desvelado el embrollo, Óscar López montó en cólera y cargó contra el director de la fundación Carlos Mulas, que fue destituido. “Hemos descubierto –dijo—que teníamos un golfo que estaba engañando al PSOE. Y en el PSOE, los golfos salen inmediatamente.” Y añadió curándose en salud: “Ahora vamos a ver cuándo empiezan a salir los golfos, que los hay y muchos, del Gobierno de Rajoy.”
Lástima que, poco más de un mes después, Óscar López no exhibiese idéntico ínstinto colérico para afrontar la moción de censura en el Ayuntamiento de Ponferrada. Entonces, el número tres del PSOE apoyó el acceso socialista a la alcaldía con el voto del exalcalde Ismael Álvarez, condenado en 2002 por acoso sexual en el caso Nevenka. “Desde hoy –pontificó al consumarse la moción de censura contra el alcalde del PP Carlos López Riesco–, hay un alcalde socialista en Ponferrada y un acosador menos en política.”
Santa inocencia, señor López. El nuevo alcalde ponferradino Samuel Folgueral ha abandonado el PSOE y el acosador Álvarez se prepara para volver a ser alcalde en 2015. Bingo fatal.