El ayuntamiento ha comprado el 35 % de las casas de la prolongación de Blasco Ibáñez

El PSPV ve "indecente" que, en plena crisis, se gaste un millón de euros en adquirir viviendas para derribarlas

22.03.2013 | 01:38 

Levante-EMV » Valencia

h. g. valencia
La memoria de actividaes y las cuentas anuales de 2012 que ayer aprobó la sociedad municipal Plan Cabanyal-Canyamelar evidencian un pobre balance en lo tocante a los avances en el proyecto de la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez y más pobre aún en el desarrollo del resto de actuaciones previstas, más allá del derribo de las 1.600 casas de la linea de la prolongación.
El Ayuntamiento de Valencia, que mantiene bloqueadas las licencias de obras en el todo el conjunto histórico del Cabanyal en aplicación estricta de la orden ministerial que considera expolio el plan urbanístico de la prolongación, gastó el año pasado un millón de euros en la compra de 18 casas afectadas por los derribos.
El ayuntamiento ha adquirido en los quince años desde la aprobación del plan del Cabanyal 537 de las 1.651 viviendas afectadas por la prolongación de Blasco Ibáñez hasta el mar, lo que representa el 35% del total de los inmuebles. La alcaldesa, Rita Barberá, no ha conseguido que Mariano Rajoy desbloquee el plan urbanístico como ella anunció si ganaba el PP. El futuro del plan del Cabanyal sigue pendiente de un dictamen del Tribunal Constitucional que se demora ya más de dos años.
En este sentido, el concejal socialistaVicent Sarriá aseguró que es "absolutamente indecente gastar un millón de euros en comprar casas para luego derribarlas en unos tiempos de crisis donde todas las energías de los gestores públicos deben dedicarse a generar actividad económica y empleo y paliar el sufrimiento de las personas". Sarrià reclamó que el esfuerzo económico se destine "a la rehabilitación y revitalización social y comercial del Cabanyal lo que además generará puestos de trabajo". Sarrià criticó que el gobierno local destine más de 400.000 euros a gastos de personal de la sociedad Plan del Cabanyal "para ejercer una actividad absolutamente improductiva".

 

El Supremo condena al Consell por negar datos sobre Gürtel a Compromís

La sentencia afirma que el Gobierno de Camps vulneró "el derecho de los diputados a recibir información" solicitada al Gobierno

Adolf Beltran / EFE Valencia 20 MAR 2013 -  

El Consell vulneró los derechos de los diputados de Compromís al negarse en 2009 a ofrercerles documentación sobre los contratos menores de la Generalitat con las empresas de la trama Gürtel. Así lo establece el Tribunal Supremo, que ha dictado una sentencia que obliga al Gobierno valenciano a facilitar a Compromís los contratos menores que la Generalitat firmó con empresas relacionadas con la trama Gürtel entre 2003 y 2008. La información les fue negada con el argumento de que el caso estaba bajo secreto de sumario.

El fallo, facilitado hoy por Compromís, rechaza el recurso interpuesto por la Generalitat contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia valenciano de abril de 2011 que también daba la razón al grupo de la oposición al exigir los contratos con las empresas que aparecían en el auto que dictó Baltasar Garzón.

Compromís ya había conseguido cinco resoluciones del Tribunal Constitucional contra la negativa de la Mesa de las Cortes, dominada por el PP, de tramitar iniciativas o peticiones de documentación. Esta sentencia, sin embargo, se produ8ce pro la vía ordinaria y afecta directamente a una decisión del propio Gobienro valenciano.

La portavoz adjunta de Compromís Mònica Oltra ha destacado la importancia de esta resolución judicial, porque "abre una línea de jurisprudencia nueva" que ya no considera que la denegación de determinada información sea "una cuestión política" que se debe "solventar en las urnas".

La sentencia, que también condena a la Generalitat al pago de 2.000 euros en costas, confirma que con la negativa del entonces vicepresidente segundo del Consell y consejero de Economía, Gerardo Camps, a facilitar la información solicitada se produjo una "vulneración del derecho a participar en la política".

Los diputados de Compromís que solicitaron estos contratos "no buscaban una respuesta a una cuestión política general sino información necesaria para emprender otras iniciativas de control sobre ese Gobierno", por lo que considera que se vulneran derechos fundamentales recogidos en la Constitución.

"El secreto sumarial alegado en términos bien indeterminados no es razón que justifique la negativa a facilitar datos de unos contratos administrativos que nada dicen del proceso penal, pues son previos a él y no tienen por sí mismos carácter secreto sino todo lo contrario", explica.

El Supremo recrimina a la Generalitat que en ningún momento del procedimiento judicial explica "de qué secreto se trata" ni de "por qué ha de verse afectada por él", y señala que se ha limitado a hacer "unas consideraciones generales sobre ese secreto y sobre su utilidad para impedir filtraciones y evitar juicios paralelos".

Niega que facilitarles la información solicitada pueda implicar la existencia de "juicio paralelo alguno" y sostiene que la existencia de un proceso penal no es "obstáculo" para que los parlamentarios controlen la acción del Gobierno.

Así, concluye que el Consell "incumplió su obligación de facilitar la información que se le había pedido pues no había razones fundadas en Derecho que ampararan su posición y, por tanto, incurrió" en una infracción de la Constitución.

Oltra, quien ha expresado su satisfacción por la sentencia, ha destacado que esta sienta un precedente que puede afectar a los cuatro recursos que tienen presentados ante el TSJCV por la negativa de la Generalitat de facilitarles información sobre el informe que sirvió de base al ERE de RTVV, estudios demoscópicos, el canon de la fórmula 1 y de un plan para mejora de instalaciones educativas.

El Supremo resuelve que el que un gobierno dé o no documentación "no es una cuestión que se pueda resolver en las urnas, sino que es una auténtica vulneración de derechos fundamentales que el poder judicial puede tutelar", ha destacado la parlamentaria de Compromís, quien ha advertido de que si el Consell sigue negándose a facilitarles la información que piden recurrirán a la vía penal.

 

“La Comunidad Valenciana simboliza el gran disparate del PP”

El País Comunidad Valenciana 

Joaquín Gil/Valencia

La imputación es una figura garantista y no un sistema de protección política, sostiene el escritor

El filósofo, escritor y periodista Josep Ramoneda percibe la Comunidad Valenciana como un laboratorio de las políticas del PP que han asomado al precipicio a todo un país. El autor de La izquierda necesaria (RBA) reclama una refundación del socialismo. Ramoneda (Cervera, 1949) impartió una conferencia sobre la desafección política en la Facultad de Filosofía de Valencia.

Pregunta. ¿Qué imagen proyecta la Comunidad Valenciana en España?
Respuesta. La de una autonomía que simboliza el gran disparate del PP, el emblema de una época de locura que comenzó en los 90. Los gobernantes decían entonces que todo era posible. Hoy sabemos que fue una gran mentira.

P. Más de 150 millones de espectadores internacionales han visto reportajes que presentan a la Comunidad Valenciana como metáfora de la crisis. ¿Es justa esta comparación?
R. Sí. Bankia se ha convertido en un icono de la promiscuidad entre política y dinero. Otro ejemplo de despilfarro es el aeropuerto de Castellón, que acoge una escultura dedicada a su impulsor, el imputado Carlos Fabra. Y Santiago Calatrava es conocido en el mundo por sus desastres arquitectónicos y urbanísticos.

P. ¿El imputado Carlos Fabra debería dimitir de Aerocas, la empresa pública que gestiona el aeropuerto de Castellón?
R. Los imputados deben renunciar. La imputación es una figura garantista y no un sistema de protección política.

La corrupción no es un hecho aislado sino fruto de la sociedad

P. ¿Por qué la corrupción no pasa factura en las urnas valencianas?
R. Es un fenómeno extraño que ocurre de forma muy especial en esta comunidad. Hay que entender que la corrupción no es un hecho aislado sino fruto de la sociedad. Que no existe corrupto sin corruptor. Y que hay mucho cinismo porque la sociedad clientelar es uno de los grandes problemas del Estado de las autonomías. Se trata de una forma posmoderna de caciquismo. El sistema se apoya en una pirámide de intereses que provoca que sea más complicado un vuelco electoral en un gobierno autónomo que en uno nacional. El PP llegó para instalarse para siempre en la Comunidad Valenciana como el PSOE hizo lo propio en Andalucía. La alternancia es muy difícil.

P. ¿El bastión popular valenciano responde a un modelo de intercambio de favores?
R. Principalmente. Hay un sistema clientelar muy enraizado que beneficia a mucha gente.

P. ¿Cómo explica la crisis endémica del PSPV?
R. Los socialistas están tocando fondo. Pueden convertirse en un partido marginal si no reaccionan rápido. Sufren en las autonomías los efectos de una clase burocrática y anquilosada que ni hace ni deja hacer. Que escupe cualquier propuesta nueva y se pelea cuando aparece una persona con ideas innovadoras. Carecen de política, ideología y estrategia para desgracia de nuestra democracia.

P. El PSPV se desfonda en las urnas desde 1995. Su crisis es anterior a la del PSOE.
R. En las delegaciones territoriales socialistas priman los grupos que prefieren controlar el partido a prosperar. Se necesita renovar a líderes y suprimir todas las organizaciones.

P. ¿Demoler el edificio?
R. Sí.

P. La última encuesta de Metroscopia para EL PAÍS apuntaba a un vuelco electoral con mayoría de izquierdas en la Comunidad Valenciana. ¿Qué opinión le merece?
R. Pues que parece mentira que, tras los escándalos de corrupción y la crisis, todavía no sea clara la victoria de la oposición.

P. El sondeo auguraba la entrada de UPyD con seis escaños.
R. Es lógico que el partido de derechas de Rosa Díez recoja el voto del desencanto de un PP desgastado. UPyD es una formación monográfica. Su discurso es el de la patria, el propio del nacionalismo español.

P. ¿Cómo debería ser la relación entre la Comunidad Valenciana y Cataluña?
R. Tendría que carecer de la agresividad de los últimos años. El PP tiene una fijación con Cataluña que ha dado pie a situaciones grotescas.

P. ¿Cómo explica el enfriamiento de la primavera valenciana?
R. Fue un fenómeno que se enmarca en el resurgir de los movimientos sociales. Deberemos seguir su evolución. Son manifestaciones que dan visibilidad a los perdedores de la crisis.

P. ¿Son estos movimientos reacciones antipolíticas?
R. No. Todo lo que comporte voluntad y ganas de participar son expresiones políticas.

P. ¿Qué debe ocurrir para que un partido recoja la indignación de la primavera valenciana?
R. Es complicado. Sin necesidad de que estos movimientos se conviertan en partidos, pueden pasar dos cosas: que se disuelvan o que sean capaces de colocar temas y propuestas en la agenda política. Lo consiguió la Plataforma de Afectados de la Hipoteca.

P. ¿Qué peso tendrá la corrupción en las próximas elecciones?
R. Empiezo a dudar. La experiencia demuestra que no tiene grandes efectos en el comportamiento electoral. No obstante, creo que la combinación de crisis y corrupción reduce el espacio del cinismo.

P. La Comunidad Valenciana encara nuevos recortes para ajustar su déficit (3,45% en 2012). ¿Qué opina de la apuesta firme por la austeridad?
R. Esa receta nos ha empujado a un callejón sin salida. Nunca un país sobreendeudado ha superado la crisis solo con austeridad. Hay que combinar la estimulación del crecimiento con inflación y quitas (aquello que nunca se pagará). Debemos transformar el sprint de la austeridad en un maratón.