El mercado municipal se une a la plataforma que pide la recuperación del barrio, donde la policía suma ya 14 desalojos de ocupaciones ilegales
28.03.13 - 01:04 -
lasprovincias.es
P. M. | VALENCIA.
La urgencia pedida por el ayuntamiento al Ministerio de
Cultura para que decida de una vez sobre el Cabanyal, planteada este
martes por el vicealcalde, Alfonso Grau, fue ayer bien recibida por la
plataforma vecinal y de comerciantes 'Units pel Cabanyal', formada por
distintas entidades que buscan la revitalización del barrio, bloqueada
por la paralización en los tribunales del plan urbanístico.
Como publicó LAS PROVINCIAS, el gobierno municipal ha
reclamado que se resuelva de una vez el bloqueo al plan que incluye la
prolongación de la avenida Blasco Ibáñez. La cuestión está a la espera
de una sentencia del Tribunal Constitucional, aunque el propósito del
consistorio es que el ministerio derogue el decreto que propició la
paralización de las obras y apruebe uno que avale la ampliación de la
avenida.
A falta de que eso se produzca o no, asociaciones
favorables y contrarias a la prolongación de Blasco Ibáñez formaron una
plataforma. La asociación de vendedores del mercado municipal es de
momento la última en unirse a este movimiento, como se anunció ayer.
Una de las principales reivindicaciones es que se concedan
licencias de obras, sobre todo las que sirvan para rehabilitar
inmuebles. «Podría ser una fuente de generación de empleo», indicaron
fuentes de este colectivo, quienes precisaron que, al margen del ámbito
de la prolongación, hay muchas calles «donde se puede trabajar desde
ya».
El gobierno municipal aprobó el llamado Plan + del
Cabanyal, similar a lo que se hizo en su día en Ruzafa. Se trata de una
combinación de medidas policiales, limpieza de solares y hasta controles
de tráfico que buscan ayudar a la revitalización de la zona.
La Policía Local empezó esta tarea el pasado octubre.
Fuentes cercanas al gobierno municipal comentaron ayer que hasta la
fecha se han producido 14 desalojos de ocupaciones ilegales, así como 36
cortes de enganches no permitidos a líneas eléctricas y 36
incautaciones de drogas, entre otros servicios.
Los agentes cuentan con la colaboración de la Policía
Nacional y de la contrata municipal de limpieza. Sobre esto último, se
han producido 22 casos de retiradas de enseres viejos, principalmente
solares, y una docena de multas impuestas por infracciones relacionadas
con la ordenanza de limpieza.
El concejal socialista Vicent Sarriá denunció por su parte
la falta de ayudas que se conceden a la rehabilitación, a pesar de que
hay un acuerdo con el Gobierno desde 2007 para destinar en subvenciones
un total de 6,45 millones de euros. De esta cantidad, aseguró, sólo se
han concedido 907.254 euros, es decir, apenas un 15% del total. La
cantidad se aporta a medias entre la Generalitat y la Administración
central.
En opinión del edil socialista, el motivo del retraso en la
concesión de las ayudas se debe a «al empeño de la alcaldesa Barberá en
alargar el sufrimiento de los vecinos y boicotear la revitalización
comercial y social del barrio».
Debido a la paralización del plan desde mediados de 2010,
se han frenado 21 licencias para la rehabilitación fuera del ámbito de
la prolongación, lo que para el edil del PSPV «carece de justificación
jurídica alguna ya que se pueden otorgar licencias siempre que no
alteren la trama urbana, es decir, los valores que se protegen del
barrio».
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